El concurso de acreedores denominado exprés, es decir, aquel que se declara y concluye en la misma resolución y que permite extinguir de forma ágil y legal una sociedad insolvente tiene diversos efectos.
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El concurso exprés evita el nombramiento de un Administrador Concursal
En primer lugar, y en relación al Auto judicial –resolución por la que se declara y concluye el concurso sin que sea necesaria la tramitación del mismo- destacamos: (i) no se procede al nombramiento de Administrador Concursal, (ii) el propio Auto acuerda la extinción de la sociedad y el cierre de la hoja de inscripción en los registros públicos que correspondan y , (iii) se anuncia la declaración y conclusión del concurso en el BOE y en el Registro Público Concursal, a efecto de que cualquier persona pueda tener conocimiento.
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El administrador puede evitar su responsabilidad patrimonial
En relación a los efectos propiamente dichos -y siempre que se cumplan unos determinados requisitos– la modalidad de concurso exprés evita incurrir en la responsabilidad del administrador de la empresa derivada de la situación de insolvencia. El empresario, ante la quiebra económica de la empresa, tiene la obligación de revertirla, de liquidar de forma ordenada la sociedad (pagando a todos sus acreedores) o, si ello no es posible, de solicitar el concurso de la compañía.
No hacerlo puede comportar la responsabilidad patrimonial del administrador respecto de las deudas de la sociedad, especialmente en relación de las deudas de derecho público, Hacienda y Seguridad Social.
Se agiliza el proceso y se abaratan los costes del concurso de acreedores
La modalidad de concurso exprés agiliza y abarata el proceso ya que evita un procedimiento largo y costoso que, además, resultaría inútil desde un punto de vista práctico, ya que si la sociedad no tiene ni actividad ni activos jamás podrá satisfacer ni siquiera parcialmente a sus acreedores.
En todo caso, y en referencia a la responsabilidad de los administradores, debemos señalar que, si bien la solicitud de concurso exprés minimiza los riesgos del empresario en relación a las deudas de la sociedad, ello no supone su extinción de dicha responsabilidad, por lo que el administrador de una empresa insolvente que no pueda pagar a sus acreedores deberá solicitar el correcto y rápido asesoramiento jurídico que le proteja.
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