Cada vez es más frecuente oír hablar de denuncias de usuarios por los intereses cobrados en sus tarjetas revolving. Lo que en un principio puede parecer una opción cómoda y rápida de obtener financiación, se puede convertir en una especie de ratonera debido a las elevadas comisiones e intereses que ponen en riesgo llegar a saldar la deuda. Son muchas las empresas que ofrecen tanto tarjetas como préstamos cuyos intereses son mucho más elevados de lo que la normativa vigente considera legal.
Ante la avalancha de casos de usuarios de este tipo de tarjetas que desconocían los intereses que su deuda iba a generar, muchas veces rozando la usura, el Tribunal Supremo ha tomado cartas en el asunto.
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¿Qué es una tarjeta revolving?
Una tarjeta revolving es un tipo de tarjeta de crédito que permite al titular utilizar un límite de crédito renovado constantemente después de pagar cada mes una parte de la deuda pendiente.
En lugar de tener un límite de crédito fijo, el titular puede utilizar y pagar en cualquier momento y el límite se renovará después de cada pago. Esto puede ser útil para aquellos que necesitan flexibilidad en su uso de crédito, pero también puede ser costoso debido a los intereses y cargos asociados con el uso prolongado del crédito.
Lo que la ley dice al respecto
La legislación vigente, aunque ha sufrido varias modificaciones posteriores, se remonta a principios del siglo pasado, concretamente a 1908, fecha de entrada en vigor de la Ley sobre la nulidad de los contratos de préstamos usurarios. Recientemente, el Tribunal Supremo ha declarado nulos varios contratos de este tipo basándose en la norma, que recoge expresamente la nulidad de los préstamos cuyo interés sea considerablemente superior al precio del dinero y sea desproporcionadamente elevado respecto a las circunstancias del préstamo.
El hecho de que existan sentencias a favor de los consumidores permite que cada vez se declaren nulas más deudas de este tipo, como en el caso Wizink.
¿Qué ocurrió en el caso Wizink?
Wizink es un banco online especializado en préstamos y tarjetas de crédito. Ofrece ciertas ventajas, como la posibilidad de aplazar las compras o acceso a préstamos o devoluciones. Sin embargo, sus tarjetas tienen unos intereses increíblemente altos, de alrededor de un 27% TAE. (Tasa Anual Equivalente), cifra desorbitada y que genera unos elevados intereses que hacen que sea muy complicado ir pagando la deuda, además del importe en sí.
Se considera que un préstamo tiene unos intereses abusivos si el TAE es superior al 20%. En 2020, Wizink redujo su TAE a esa cifra tras la sentencia del Tribunal Supremo, pero debemos tener en cuenta que el porcentaje habitual de los préstamos personales es de alrededor de un 8%. Estamos hablando de cifras muy dispares y que suponen una diferencia más que considerable en cuanto a los intereses a pagar tras la contratación de un préstamo o una tarjeta de crédito con este tipo de entidades.
Lo que recoge la sentencia del caso Wizink
El caso de este cliente comenzó hace algunos años, cuando firmó un préstamo con Wizink, sin ser consciente del elevado TAE que recogía el contrato. Tiempo después y tras su denuncia por los intereses abusivos, un juzgado de Madrid dictaminó en 2021 que Wizink debía abonarle al cliente la cantidad de 4.500 euros por haberlo incluido en el CIRBE.
El CIRBE no es un fichero de morosidad como tal, pero sí que contiene datos de personas que tienen algún tipo de deuda y que los bancos consultan para conocer la reputación financiera de sus clientes, con lo que funciona de manera similar y que, en caso de incluir datos de un usuario de manera irregular, puede incurrir en un delito contra el honor.
El cliente ya había satisfecho la deuda pendiente con Wizink meses atrás, pero, aun así, le incluyeron en el CIRBE, lo que le impidió acceder a un préstamo con otra entidad.
¿Qué puedo hacer si me incluyen en un fichero de morosidad de manera ilegal?
Si la deuda ya se ha abonado, si se ha declarado nula o, como en este caso, si se manifiesta no estar de acuerdo con los intereses abusivos, no se puede incluir a un cliente en un fichero de morosidad. De ser así, el afectado tiene derecho a denunciar a la empresa que lo haya hecho.
Para ello, se debe comunicar por escrito, idealmente mediante un burofax, que no está de acuerdo con la inclusión de sus datos y pidiendo la rectificación y eliminación de los mismos. Si trascurridos unos meses la empresa no ha procedido, el afectado puede denunciarla al amparo de la sentencia del Tribunal Supremo.
Y, también conforme a lo que recoge la sentencia, se puede pedir una indemnización a la empresa, ya que, entre otras cosas, estaría cometiendo un delito contra el honor. Dado que ya existe jurisprudencia al respecto, es bastante probable que el usuario afectado consiga una indemnización, sobre todo si la inclusión de sus datos en el CIRBE o en cualquier otro registro de morosidad le ha causado otros problemas.
